El 14 de julio de 2026, la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud aprobó la convocatoria de Formación Sanitaria Especializada para 2027. La cifra global —12.850 plazas— es la mayor aprobada hasta la fecha. La cifra que interesa a quien prepara el PIR es otra: 293 plazas, un 4,6% más que las 280 del año anterior. Entre esos dos números cabe todo el debate que ha sacudido al sector estas semanas. Este artículo desglosa los datos, los sitúa en su contexto histórico y recoge las posiciones enfrentadas, para que puedas formarte un criterio propio.

Las cifras de la convocatoria 2027

La oferta global de 12.850 plazas supone, según los datos del Ministerio de Sanidad, un crecimiento del 3,9% respecto al año anterior y un 53% acumulado desde 2018 (4.448 plazas más en casi una década). El examen está previsto para el sábado 23 de enero de 2027, en 26 localidades, con llamamiento a las 13:00 h peninsulares (12:00 en Canarias) e inicio efectivo a las 14:00 h. La convocatoria reserva un 10% de las plazas para personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%, y hasta un 7% para personas extranjeras sin autorización de residencia comunitaria.

El reparto por especialidades es el siguiente:

Las 293 plazas quedan por debajo de lo que anticipaban las academias y analistas del sector, que situaban la horquilla necesaria entre 305 y 320. Las sociedades científicas reclamaban más de 400. Concretamente, ANPIR (Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes) sostiene que España debería convocar un mínimo de 422 plazas anuales sostenidas durante una década para alcanzar ratios europeas. Con más de 4.000 graduados concurriendo cada año, la convocatoria deja fuera a alrededor del 90% de los aspirantes.

El histórico: una década de crecimiento lento

La comparación con la última década pone la cifra en perspectiva. El crecimiento porcentual es real, pero en términos absolutos supone unos 166 profesionales más al año que hace diez años.

Conviene recordar de dónde viene el sistema. La residencia hospitalaria nació en 1977, pero solo para médicos. La psicología no tuvo normativa sólida hasta la Orden de 27 de junio de 1989, y no fue hasta 1998 cuando superar los cuatro años de residencia empezó a otorgar el título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica (PEPC), hoy el único pasaporte legal para ejercer en las unidades especializadas del sistema público.

El cuello de botella: por qué no se crean más plazas

Este es el punto que más se malinterpreta en las conversaciones sobre la convocatoria. Crear plazas PIR no es un acto unilateral del Ministerio. Requiere que las consejerías de las diecisiete comunidades autónomas acrediten nuevas Unidades Docentes Multiprofesionales de Salud Mental, lo que exige presupuesto, espacio físico y, sobre todo, tutores cualificados.

El bucle se cierra sobre sí mismo: no se puede formar a nuevos especialistas porque faltan adjuntos que los supervisen, y faltan adjuntos porque la congelación de las Ofertas Públicas de Empleo ha estrangulado durante años la creación de plazas estructurales. La consecuencia práctica, tras acabar la residencia, es que muchos PEPC encadenan contratos temporales o se trasladan a la privada.

Ratios y listas de espera: el contexto asistencial

La discusión sobre las plazas no se entiende sin los datos de partida. La prevalencia de ansiedad en adultos se sitúa en el 10,2% y la de depresión en el 5,8%. Entre los jóvenes de 15 a 29 años, un 27% reporta malestar emocional persistente. Los TCA han repuntado un 180% desde la pandemia y afectan al 5% de las mujeres de 12 a 25 años. La media de suicidios se sitúa en 4.097 fallecimientos anuales, unas 11 muertes diarias. Según el CIS, cerca del 20% de la población necesitó una consulta sanitaria por un problema de salud mental en el último año.

A la carencia global se suma la desigualdad territorial. Las tasas de colegiados sanitarios por 100.000 habitantes van desde el País Vasco (122,91), Asturias (118,54) y La Rioja (117,15) hasta la Comunitat Valenciana (62,01), Ceuta (57,00) y Castilla-La Mancha (33,60), la más baja del país.

El efecto clínico es conocido: esperas de 8 a 12 meses para una primera evaluación tras la derivación desde Atención Primaria, y seguimientos espaciados cada dos, tres o cuatro meses. En terapias cognitivo-conductuales o de tercera generación, donde la frecuencia semanal o quincenal es un requisito metodológico, una sesión trimestral equivale de facto a un abandono terapéutico. Ante la imposibilidad de proveer terapia, el sistema tiende a la prescripción: España figura entre los países con mayor consumo per cápita de benzodiacepinas. La OCDE ha insistido en que reforzar las intervenciones psicológicas es económicamente rentable, al prevenir la cronificación y reducir las bajas laborales prolongadas.

Qué implica para quien opta a plaza

La ratio de competencia del PIR oscila históricamente entre 8 y 12 aspirantes por plaza, frente a los 3-4 del MIR o los 4-6 del EIR. Es, en términos estadísticos, una de las oposiciones más exigentes del Estado.

Para el más del 90% que no obtendrá plaza, las vías alternativas pasan por el Máster de Psicología General Sanitaria (para ejercer en el ámbito privado) o por otras oposiciones del Estado, como Psicólogo de la Administración General y Autonómica o el cuerpo de Psicólogos de Instituciones Penitenciarias, con temarios completamente distintos.

El debate del psicólogo sin PIR en Atención Primaria

Ante la imposibilidad de contratar PEPC —porque no existen en la bolsa de empleo—, varias comunidades han empezado a incorporar psicólogos generales sanitarios sin especialidad clínica en Atención Primaria. El mapa está partido en dos, y la división no sigue líneas partidistas.

Ambas posiciones tienen argumentos de peso, y conviene conocerlos los dos:

El Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027, impulsado desde el Comisionado de Salud Mental que dirige Belén González, arranca con 39 millones de euros y ocho líneas estratégicas (refuerzo de recursos humanos, modelo comunitario, enfoque de derechos humanos, deprescripción de psicofármacos, prevención del suicidio…). Su Acción 1.1 generó polémica cuando trascendió que ciertos borradores planteaban metodologías que podrían implicar una reducción del 10% en plazas acreditadas. Celso Arango, director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Gregorio Marañón, calificó la idea de “error garrafal” y recordó que España necesita incorporar 1.850 psiquiatras adicionales en el próximo lustro. El documento definitivo acabó fijando como objetivo alcanzar el 100% de plazas ofertadas sobre las acreditadas.

Lo que tienes que recordar